El anuncio de la "gran manifestación" convocada por Mariano Rajoy ha encendido todas las alarmas en la calle Ferraz. Este fin de semana Felipe González trató de ilustrar que Aznar sí cedió al chantaje de ETA con Miguel Ángel Blanco. El Mundo ha recordado que las gestiones fueron asunto particular de Pedro J.Ramírez. Ahora la estrategia es divulgar que el PP movilizó a 43 etarras para reagruparles como cesión ante el secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara. También intentan demostrar que el Ministerio del Interior de los gobiernos del PP llevó a cabo diez excarcelaciones humanitarias comparables a la del asesino De Juana Chaos. El PSOE quiere compararse con el PP y resultar hasta más duro contra ETA. Pero hay datos que se han ocultado.
(Libertad Digital) El documento que este lunes ha difundido el PSOE tras la reunión de la Ejecutiva Federal no está completo. A los medios sólo han llegado los puntos referidos a las supuestas reacciones del PP cuando secuestraron al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. La documentación que maneja el Ferraz abarca también como argumento para compararse con el PP lo que ellos llaman "las diez excarcelaciones humanitarias de Mayor Oreja, Rajoy y Acebes". El objetivo de este resumen es demostrar que el PSOE es tan duro o tan blando como el PP porque aborda las excarcelaciones con el mismo criterio. Léase pues, que en el caso de que De Juana Chaos estuviera grave, el Gobierno no percibe la diferencia entre un estado de salud deteriorado por voluntad propia y un cáncer terminal o un derrame cerebral. Además, por lo que se sabe hasta ahora, el estado de salud del asesino De Juana no presenta riesgo de muerte como dijo el ministro Rubalcaba. De hecho, salió de la ambulancia que lo trasladó al Hospital de San Sebastián por su propio pie.
Los etarras a los que hace referencia el documento del PSOE son los siguientes:
ESTEBAN ESTEBAN NIETO. Dice el PSOE que fue condenado a 3.150 años de cárcel por 21 asesinatos, que cumplió 12 años de condena, ingresó en prisión en 1987 y fue excarcelado en abril de 1999. No recuerda el PSOE que a Esteban Nieto se le diagnosticó en marzo, un mes antes, un cáncer de hígado con metástasis en pulmón y páncreas. Murió en septiembre de ese mismo año. Poco más hubiera estado en la cárcel.
MIGUEL SARASQUETA ZUBIARREMENTERIA. Dice el PSOE que fue condenado a 90 años de prisión aunque acumula una condena posterior por figurar en Gestoras Pro Amnistía. Ingresó en prisión en 1978 con una condena de 48 años y fue excarcelado en 1998 por el asesinato de tres policías. La excarcelación se debió a un derrame cerebral del que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
SANTIAGO DÍEZ URIARTE. Su condena era a 46 años por intentar asesinar a un policía. No tiene delito de sangre. Sólo cumplió cinco años de prisión según el PSOE, pero como mucho podría haber cumplido otros siete meses ya que falleció en ese plazo a causa de un tumor.
MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Sin delito de sangre. Estaba sometido desde finales de los ochenta a tratamiento psiquiátrico y los médicos ordenaron en varias ocasiones durante los gobiernos del PSOE su traslado a un hospital de Vitoria para someterse a exámenes.
JULIÁN LÓPEZ ROJAS. Agredió junto a un grupo de radicales al ertzaina Ander Susaeta Zabala. Fue condenado a cinco años de cárcel. Salió de prisión el 27 de abril de 1997 cuando había cumplido tres años y nueve meses por un proceso tumoral. Murió el 27 de octubre de 1997, seis meses después de la excarcelación.
PEDRO MARÍA GUINEA GORRITI. En octubre de 1990 lo condenan a seis años de prisiónpor colaboración con banda armada. Según la sentencia, Guinea propuso a los etarras Juan Francisco Gómez Pérez y Felipe González Baños que ingresaran en ETA e informasen sobre miembros de las fuerzas de Orden Público. Tenía una patología cardiaca y fue ingresado en el hospital de Cruces (Baracaldo).
PATRICIO GOYENECHE TELLECHEA. Llevaba en prisión desde el 29 de octubre de 1993. Fue condenado a 27 años de cárcel por colaboración con banda armada. En abril de 1998 se le trasladó a la prisión de Oca (Álava) por "razones sanitarias". Fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias informaron de que este traslado se llevaba a cabo por razones médicas y no obedecía a la política penitenciaria de acercamiento individualizados de presos etarras a cárceles del País Vasco. En octubre de 1998 se le concede el tercer grado al padecer una patología psiquiátrica y se dice que cumplirá condena en el 2002.
JOSEBA KOLDOBICA BEGOÑA IBARRA. Fue condenado a 33 años y nueve meses de cárcel por participar en el asesinato de un guardia civil cometido en 1987. Ingresado en prisión el 4 de diciembre de 1996. En abril de 1999 se le concedió el tercer grado debido a su "evolución positiva". Esta decisión, según explicó Instituciones Penitenciarias, "se ha adoptado tras constatar el rechazo del interno a la actividad violenta y su desvinculación de la banda terrorista". Prisiones añadió entonces que "se está haciendo cargo, por voluntad propia, de la indemnización de la víctima".
SABINO ALAVA GARCÍA. Condenado en 1986 a 70 años de prisión por un intento deasesinato a tres policías y por un intento de secuestro. Cumplió 13 años de prisión. En 1999 le conceden el tercer grado por "razón de enfermedad grave". En 1993 fue expulsado de ETA por discrepar de las directrices de la dirección etarra. Condenó duramente el asesinato de Miguel Ángel Blanco y aseguró que "es el momento de dejar la lucha armada".
Por otra parte, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja declaró este lunes a Europa Press que el PSOE debe estar muy "desesperado políticamente" para introducir en el debate político los presos de ETA que fueron acercados al País Vasco durante el secuestro de José Antonio Ortega Lara. Mayor Oreja, que era ministro en aquel momento, aseguró que al dossier divulgado por el PSOE "le falta la lista trágica de concejales que fueron asesinados porque el Gobierno mantuvo una firmeza inequívoca para no modificar la política penitenciaria tal y como quería el nacionalismo vasco". Para el ex ministro, el PSOE "también tendría que añadir a la lista las presiones que recibimos del PNV para que la cambiáramos y también introducir los consejos y recomendaciones por no llamarlos presiones, que también recibíamos de los dirigentes socialistas de la época para que flexibilizáramos la política penitenciaria de aquellos años". Según Mayor Oreja, "sólo se trata de una cortina de humo para esconder lo que ha tenido que hacer el Gobierno de Zapatero cediendo al chantaje de una organización terrorista, concediendo la prisión atenuada para Ignacio de Juana Chaos".
El PP hace hincapié en que los beneficios penitenciarios aplicados a terroristas durante los anteriores Gobiernos, del PSOE y del PP, venían impuestos por la Ley, que eran de carácter automático y que se aplicaban independientemente de la gravedad de las penas o la evolución del preso. Añaden que los gobiernos populares intentaron hasta en siete ocasiones cambiar la legislación para evitar esos beneficios automáticos, en contra del criterio del Partido Socialista, que sistemáticamente votó en contra. Fue el Partido Popular, ya en el Gobierno y con mayoría absoluta, el que finalmente consiguió cambiar la Ley para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas eliminando las benevolencias del Código Belloch. Sobre las excarcelaciones, el PP dice que las acordadas por razones humanitarias se han producido en contadísimas ocasiones y siempre por razón de enfermedad incurable. Las excarcelaciones más polémicas -el PP recuerda aquí la de la Mesa Nacional de HB- vinieron dictadas por la Justicia y no por el Gobierno.
La argumentación del Partido Popular en respuesta a los ataques del PSOE concluye sosteniendo que en ningún caso, ni los beneficios penitenciarios ni las excarcelaciones por razones humanitarias, fueron consecuencia de una medida de presión como la huelga de hambre que ha seguido Ignacio de Juana Chaos. Recuerdan también que el PP nunca "reagrupó" presos de ETA. Lo que se efectuaron fueron traslados (muchos de ellos de las Islas, Ceuta o Melilla a la Península), bien con el objetivo de garantizar que los presos se presentaran a juicio, bien por otras causas, como pueden ser asistir al entierro de un familiar o recibir un tratamiento médico.
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